GlaxoSmithKline, el mayor fabricante de drogas del Reino Unido, pagará 105 millones de dólares para resolver reclamos realizados por California, New York y otros 40 estados en los que la compañía promovió ilegalmente medicamentos antidepresivos y contra el asma.
El acuerdo, anunciado el jueves 5, prohíbe a Glaxo realizar pagos por incentivos a vendedores que alientan usos de las drogas no indicados en sus envases, y utilizar médicos pagos para promover sus productos. El arreglo cubre a la droga Advair –contra el asma- y los antidepresivos Paxil y Wellbutrin.
La porción californiana del acuerdo –la mayor de cualquier estado- es de 7,1 millones, dijo la fiscal general Kamala Harris, en una declaración. Los documentos legales que describen el acuerdo serán elevados de inmediato a la corte estatal de San Diego, según la funcionaria.
Glaxo informó el 27 de mayo que enfrenta una investigación criminal en el Reino Unido luego de alegaciones realizadas en China de que emplea médicos, hospitales y asociaciones médicas sobornados para impulsar las ventas. Acusaciones de delitos a empleados de la compañía también aparecieron en Irak, Polonia, Jordania y el Líbano. El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a observar en 2010 si Glaxo y otras empresas del rubro violaban la ley federal que pena el soborno de funcionarios en países extranjeros.
El uso de antidepresivos
El acuerdo por 105 millones de dólares es una fracción de lo que Glaxo ha pagado a lo largo de los años para resolver reclamos de un marketing ilegal de Paxil y Wellbutrin. En 2012, la empresa se declaró culpable y pagó 3.000 millones para resolver alegaciones criminales y civiles de que impulsaba la venta de las drogas antidepresivas para usos no aprobados, y fracasó en revertir la data clínica de su droga Avandia, para la diabetes.
Bajo la ley estadounidense, un médico puede prescribir una medicina para cualquier condición, siempre y cuando la droga está aprobada como segura y efectiva por la Food and Drug Administration (FDA). Las compañías farmacéuticas, no obstante, no están autorizadas a promover una droga para usos que no sean aquellos que aprobaron los reguladores de la FDA.
Glaxo también fue forzada a pagar más de 1.000 millones de dólares para arreglar juicios derivados de que los ejecutivos de la compañía ocultaron que Paxil podía causar defectos congénitos.
Glaxo no admitió haber cometido delitos en el acuerdo actual con la fiscal general del estado, dijo Marry Ann Rhyne, una vocera de la empresa. Con sede en Londres, la compañía farmacéutica violó las leyes de protección del consumidor al representar falsamente los usos y calidades de ciertas drogas, según Harris.
Afirmaciones engañosas
Bajo el acuerdo, los directivos de Glaxo convinieron no proveer ningún material de marketing que realice “falsas, engañosas o confusas afirmaciones” en torno a cualquiera de los productos de la compañía, dijo el fiscal general de Texas Greg Abbott. Texas reclama 6,2 millones en el marco de este acuerdo.
A Glaxo también se le requiere reducir los incentivos financieros a su fuerza de ventas en relación al denominado off-label marketing hasta, al menos, marzo de 2019, agregó Abbott.
Pensilvania y New Jersey, que también forman parte del convenio, deberán recibir 4,1 y 2,45 millones respectivamente como parte del mismo.
“Esperamos que el acuerdo de hoy producirá un cambio absoluto en cómo las farmacéuticas están siendo promovidas y cómo se dirigen a los consumidores”, dijo la fiscal general de Pensilvania Kathleen Kane.
Otros estados que participan en el acuerdo son Alabama, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New México, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, South Dakota, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y Wyoming. El Distrito de Columbia también tomó parte en el proceso.